EL REFORMISMO DEL SIGLO XVIII

Carlos Martínez Shaw

El siglo XVIII se abre para España con la novedad del cambio de dinastía establecido en el testamento de Carlos II. La nueva dinastía se encontrará con un país despoblado, atrasado en su economía, anquilosado en su estructura social, desorientado en su política interior e indefenso ante sus enemigos exteriores. De ahí que los soberanos y sus ministros pusiesen en marcha un vasto programa de modernización en todos los terrenos de acuerdo con los principios rectores del llamado Despotismo Ilustrado. Un programa que aborda una política de fomento económico, de reordenación social, de eficacia administrativa y de renovación cultural. Un programa que trata de obtener el consenso de todos los grupos sociales, pero que tiene sus límites: el crecimiento económico basado en el progreso técnico predomina sobre el desarrollo basado en la transformación de las relaciones de producción, el respeto a las estructuras heredadas se impone sobre cualquier tentación de cambio social, la eficacia administrativa se fundamenta estrictamente en el robustecimiento del absolutismo y la producción cultural se subordina a las necesidades de una nueva cobertura ideológica para generar la adhesión al sistema, mantener la paz social y exaltar los avances del reformismo patrocinado por la Monarquía.

El reformismo borbónico se manifiesta, sin embargo, en todos los campos. El reformismo articula una política económica tardomercantilista en los diversos sectores de la producción y los intercambios, promueve concepciones sociales favorables a la inversión y al trabajo, racionaliza la administración pública en todos sus ramos, centraliza la acción política por encima de los particularismos de los distintos reinos, revitaliza los instrumentos de la política exterior (la hacienda, el ejército, la marina, la diplomacia), recupera el prestigio perdido en el ámbito internacional, patrocina unas veces y ampara otras el movimiento de profunda renovación cultural de la Ilustración.

En ese sentido, el siglo XVIII significa una nueva época de expansión en la historia de España.

Una expansión que encuentra sus límites a final de siglo. Después de una centuria de fomento, la modernización de la economía no ha alcanzado a superar las desigualdades del desarrollo regional, el carácter extensivo de la agricultura, la dependencia de la manufactura respecto de la iniciativa pública, el déficit de la balanza comercial compensado sólo por las remesas americanas. La vida política experimenta un proceso de regresión, que se manifiesta en el interior con la reaparición de la figura del privado, el recrudecimiento de la conspiración cortesana y los movimientos pendulares en la toma de decisiones y en la selección de los equipos de gobierno, y en el exterior con el sometimiento a las directrices de la política francesa y la confrontación permanente con Inglaterra. Finalmente, si la Ilustración había sido un eficaz instrumento a favor del reformismo, el clima ideológico alterado por la Revolución Francesa convierte en sospechosos a los colaboradores de la víspera, al mismo tiempo que se produce una radicalización de signo opuesto que genera la aparición del movimiento liberal en España y del movimiento independentista en la América española.

La economía conoció en el siglo XVIII una coyuntura abiertamente expansiva, que en algunos casos y aunque con muchas vacilaciones había empezado a manifestarse ya desde los últimos años de la centuria anterior. Esta expansión no fue uniforme, sino que benefició especialmente a algunas regiones de la periferia frente a un crecimiento más moderado y asentado sobre bases menos firmes en la España interior, un fenómeno que acentuó la diferencia de los ritmos de desarrollo, produciendo una serie de desigualdades regionales que se legarían al siglo siguiente. El proceso de recuperación obedeció en un principio a las mismas causas que habían disparado otros semejantes en el pasado: el crecimiento de la población reconquistó para el cultivo las tierras abandonadas y generó una demanda que dinamizó los restantes sectores. Sin embargo, este movimiento espontáneo recibió la ayuda de una política económica intervencionista que (frente a un siglo XVII casi exclusivamente interesado en las manipulaciones arancelarias y monetarias) trató de ofrecer soluciones a determinados problemas de infraestructura (caminos, canales de riego), de adoptar medidas proteccionistas en la industria y el comercio, de respaldar las empresas más prometedoras surgidas en los distintos sectoress y de sustituir la iniciativa privada en algunos ramos estratégicos.

Si el fomento de la economía fue objetivo prioritario de la política reformista, en cuanto que permitía el reforzamiento de los cimientos materiales de la Monarquía, incrementando por un lado los ingresos de la Hacienda pública y generando por otro una prosperidad generalizada que garantizaba la paz social, las novedades introducidas en el terreno de las relaciones sociales sólo podían ser aceptadas si contribuían al objetivo de consolidar la economía, pero nunca si alteraban las estructuras tradicionales, es decir el predominio de las clases dominantes privilegiadas sobre el conjunto de los grupos que integraban el estado llano. De este modo, el reformismo social de los Borbones quedó limitado a algunas medidas cosméticas y al fomento de una más favorable consideración del trabajo productivo. De este modo, la crítica social provino de algunos escritores ilustrados, que manifestaron ideas más avanzadas que las que los gobernantes estaban dispuestos a consentirse.

El reformismo ilustrado significaba también un proceso de racionalización y centralización administrativa, con el objetivo de robustecer el poder de la monarquía absoluta. En este sentido, los Borbones trataron de uniformar el sistema institucional en detrimento de las constituciones particulares de los distintos estados que componían la Monarquía Hispánica, instauraron un nuevo sistema de gobierno concentrando las decisiones políticas en las secretarías de Estado, controlaron de un modo más firme las provincias mediante la figura del intendente, asentaron de un modo más enérgico la superioridad del Estado sobre la Iglesia acentuando la tendencia regalista de la dinastía anterior y destinaron la mayor parte de los ingresos obtenidos de una Hacienda más eficaz a la tarea de potenciar todos los instrumentos de la política exterior, desde el ejército y la marina a la diplomacia, con el objeto de conservar el Imperio e incluso revisar algunas de las cláusulas más onerosas de Utrecht.

Durante el siglo XVIII, el Imperio español de Ultramar alcanza sus máximas dimensiones, si dejamos al margen el periodo de la unión ibérica cuando sumó a sus colonias las correspondientes al reino de Portugal. En efecto, el empuje militar y misionero al norte de Nueva España culmina con la creación de una línea de presidios desde California a la frontera de Florida incluyendo Nuevo México y Texas que quedaron insertos en la Comandancia General de las Provincias Internas (1776), mientras los ya referidos tratados de París y Versalles permitían adquirir el dominio sobre la Luisiana (1763) y recuperar las dos Floridas (1783). Del mismo modo, en América del Sur, el esfuerzo misionero consolida la implantación en los territorios fronterizos de Mojos, Chiquitos, Paraguay y Misiones, al tiempo que los tratados hispano-portugueses permiten afirmar el dominio sobre Uruguay, sin mencionar la posibilidad de la instalación en el golfo de Guinea en el continente africano. En el Pacífico, la isla de Pascua se incorpora al ámbito hispano y la expansión por las costas americanas alcanza por el norte la bahía de Nutka, mientras avanza la implantación en Filipinas y en los archipiélagos micronésicos de las Marianas y las Carolinas.

El reformismo borbónico se extendió a América, afectando a todos los campos y alcanzando un ritmo especialmente acelerado a partir de la llegada de José de Gálvez a la Secretaría de Indias (1775-1787). Las reformas económicas más importantes se produjeron en la minería de la plata de México (donde beneficiaron a un poderoso empresariado minero, llevaron a su apogeo la explotación argentífera e impulsaron el progreso tecnológico con la creación de una Escuela de Minería en 1772) y a la Carrera de Indias, sobre todo a partir de la publicación del decreto de Libre Comercio de 1778, que abrió el tráfico a numerosos puertos españoles y americanos, dando una nueva flexibilidad a la navegación y contribuyendo a incrementar el volumen de los intercambios coloniales.

Las reformas administrativas también fueron importantes. Se crearon dos nuevos virreinatos (Nueva Granada, en 1717 y definitivamente en 1739, y Río de la Plata, 1776), se erigieron nuevas audiencias (particularmente, Caracas, 1776, Buenos Aires, 1785, y Cuzco, 1787) y se implantó el sistema de intendencias para modernizar todo el aparato administrativo. La hacienda se benefició de un proceso de mayor racionalización y rigor, al tiempo que la Corona aumentaba y controlaba mejor sus monopolios: pólvora, azogue, tabaco, papel sellado, lotería, naipes y pulque y aguardiente de caña. La defensa fue reforzada, mediante la atención dedicada a los ocho apostaderos para la marina de guerra y a la red de fortificaciones, mediante la creación de un ejército regular compuesto de cuerpos fijos (reclutados in situ) y expedicionarios (procedentes de España) para reforzar las milicias urbanas y mediante la creación de eficaces instituciones para la protección de las fronteras (como la Comandancia General de las Provincias Internas, 1776) o de otros lugares estratégicos (como la Capitanía General de Venezuela, 1777). El ejercicio del regalismo culminó con la expulsión de los jesuitas, que dejaron un vacío imposible de colmar en muchas instituciones educativas, así como en las misiones y reducciones que regentaban, especialmente las famosas de los guaraníes del Paraguay.

La cultura ilustrada fue el fundamento intelectual del reformismo. Los intelectuales ilustrados teorizaron el protagonismo de la Monarquía como motor de la modernización, la prioridad del fomento económico, la utilización de la crítica como herramienta para el perfeccionamiento de la organización social, la aplicación del conocimiento científico al bienestar general, la finalidad educativa de la creación literaria y artística, el progreso y la felicidad como metas últimas del pensamiento y la práctica reformistas. La Ilustración se dotó de sus propios instrumentos de difusión cultural que al mismo tiempo lo eran de acción reformista: las academias, las universidades intervenidas para acompasarlas a las exigencias del momento, una serie de nuevas instituciones de enseñanza superior, las Sociedades Económicas de Amigos del País, los consulados y la letra impresa en libros o en publicaciones periódicas. La Ilustración finalmente obtuvo resultados muy considerables en todos los campos: el pensamiento económico, la crítica social, la renovación eclesiástica, el pensamiento científico y la producción literaria y artística.

La Ilustración americana fue en buena medida una versión provincial de la Ilustración metropolitana, con similitudes evidentes en el programa de modernización, en las instituciones y en las realizaciones. Las nuevas ideas se difundieron a través de las universidades reformadas o de nueva planta (la de San Jerónimo de La Habana, la de Santa Rosa de Caracas, la de Santiago de Chile), de la prensa (que empieza a proliferar en los grandes centros regionales), de las Sociedades Económicas de Amigos del País (que llegan a ser un total de quince, si se cuenta la de Manila) y de las instituciones (cátedras, observatorios, jardines botánicos) creadas a raíz de las grandes expediciones científicas.

Esta fue una de las razones para que la afirmación del orgullo criollo del siglo precedente alcanzase una nueva expresión. Es el sentido que puede atribuirse a las proclamaciones de las élites ilustradas de las capitales virreinales, que ante el crecimiento de la población (se superan los quince millones de habitantes), el progreso de la urbanización, el embellecimiento de las ciudades, la proliferación de las obras públicas (fuentes, alamedas, paseos) o la edificación de nuevos palacios o nuevas iglesias no pueden por menos de creer que la Lima del virrey Amat es una de las más bellas poblaciones del orbe y que México, que ha superado en número de habitantes a la capital metropolitana, es la "Roma del Nuevo Mundo".

El reinado de Carlos IV puede considerarse como el primer capítulo de un proceso que conducirá a la crisis que pondrá fin al Antiguo Régimen y que alumbrará la España contemporánea. Un capítulo que se abre con la necesidad de dar respuesta a una serie de dificultades crecientes: el bloqueo de la economía, el recrudecimiento de la protesta social, la agudización de las contradicciones políticas en el seno de las clases dirigentes, la explosión de la controversia ideológica en el interior, la sucesión de los enfrentamientos militares en el exterior que conllevan la bancarrota de la hacienda y los primeros signos del movimiento de emancipación en la América española.

En este contexto, el motín de Aranjuez (marzo 1808) desembocaría en una grave crisis institucional. La abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando fue el preludio de la salida de la familia real para Bayona, donde después de otra serie de abdicaciones la Corona recayó en Napoleón, que se apresuró a nombrar a su hermano José nuevo rey de España (junio 1808).

Sin embargo, la ausencia del soberano y la invasión silenciosa del territorio español por las tropas francesas motivó el levantamiento de la población de Madrid (mayo 1808), que significa el comienzo de la guerra de la Independencia. Del mismo modo, el vacío de poder producido como consecuencia de estos acontecimientos permitió la creación de un órgano de gobierno representante de la voluntad popular (la Junta Central, setiembre 1808) y la primera experiencia de un régimen parlamentario (las Cortes de Cádiz, setiembre 1810) y posibilitó asimismo que se desencadenasen los primeros episodios de la emancipación americana. De este modo, el año de 1808, iniciando la crisis del Antiguo Régimen, puede con justicia poner fin a la historia moderna de España, aunque el gobierno de José I, servido por el grupo de los llamados afrancesados, todavía pueda significar un intento final de buscar soluciones basadas en el ya caducado modelo del Despotismo Ilustrado.